Cuando los hechos están a la vista y la acusación no

La publicación intenta presentar como “investigación” lo que en realidad es una narrativa construida para generar sospecha. Se habla de “entramados”, de “contratos jugosos” y de una alcaldesa “en la cuerda floja”, pero no se acompaña de sanciones, resoluciones ni observaciones oficiales que respalden esas afirmaciones.

Eso es lo primero que debe decirse con claridad.

Hasta hoy, no existe ninguna sanción, observación ni procedimiento administrativo en contra de Alessandra Rojo de la Vega por desvío de recursos o simulación de contratos. Y no es por falta de vigilancia: esta administración ha estado bajo escrutinio permanente.

El ejercicio de 2021 no tiene observaciones.
No hay contrataciones con “grupos propios”.
No hay resoluciones que acrediten irregularidades.

Todos los contratos de la alcaldía son públicos y pueden consultarse en la plataforma de transparencia de la Ciudad de México. No hay expedientes ocultos ni convenios fuera del marco legal. Cuando se utiliza la figura de invitación restringida, la ley exige la participación de al menos tres proveedores, y así se cumple. No es discrecional, es un procedimiento normado.

Para que una empresa pueda ser proveedora del gobierno no basta con “querer”. Debe estar registrada, cumplir requisitos legales, tener documentación en regla y contar con la validación del propio Gobierno de la Ciudad de México. La ley no permite simulaciones ni empresas fantasma, y ese filtro no lo controla la alcaldía de manera unilateral.

También se afirma, falsamente, que una empresa vinculada a Airbnb tiene contratos con la alcaldía. Eso no es cierto. No existen contratos con esa empresa. Es otra afirmación sin respaldo, repetida para reforzar una historia que no se sostiene con documentos.

Además, las empresas mencionadas no trabajan únicamente con esta alcaldía. Operan con otros gobiernos de la ciudad y de distintos estados porque cumplen requisitos y tienen experiencia acreditada. Eso no es corrupción; es cómo funciona un mercado regulado de proveedores.

Lo que sí se reconoce es el método del ataque. Comprar titulares, exagerar términos legales, sembrar dudas y repetirlas hasta que parezcan verdad. Esa es la vieja política: la que no compite con resultados, sino con ruido.

Aquí la respuesta es simple.

Si hay auditorías, que se presenten.
Si hay sanciones, que se publiquen.
Si hay irregularidades, que se prueben.

Mientras eso no ocurra, lo que circula no es investigación: es desinformación.

Por eso la postura es clara.
Si atacan, se trabaja más.
Si mienten, se muestran los hechos.
Si inventan, se responde con transparencia.

Gobernar bien no necesita esconderse.
Y la verdad, cuando está documentada, no se cae con portadas.