Sin pruebas y fuera de competencia

La acusación que no se sostiene

La publicación afirma que “grupos de choque” enviados por la alcaldía Cuauhtémoc agredieron a personal del gobierno durante la víspera del Grito. Es una acusación grave. El problema es que no presenta una sola prueba legítima que respalde lo que afirma.

No hay testimonios verificados que acrediten que las personas involucradas hayan sido enviadas por Alessandra Rojo de la Vega. No hay documentos, instrucciones, registros, audios ni evidencia material que vincule a la alcaldía con los hechos. La acusación se construye únicamente a partir de una narrativa, no de hechos comprobables.

Además, se omite un punto esencial: el Centro Histórico no es competencia de la alcaldía. La seguridad, el ordenamiento y la operación en esa zona corresponden al Gobierno de la Ciudad de México. La alcaldía Cuauhtémoc no tiene facultad legal para movilizar personal, comerciantes o “grupos de choque” en ese territorio, ni para coordinar operativos de esa naturaleza.

Eso vuelve incoherente toda la acusación.

Decir que eran “grupos de choque” sin identificar quiénes son, quién los organizó o bajo qué mando actuaron no es información. Es una etiqueta usada para generar miedo y señalar culpables sin fundamento. Vincularlos automáticamente a Cuauhtémoc es una afirmación gratuita que ignora cómo se distribuyen las responsabilidades en la ciudad.

Aquí el contraste es simple y verificable.

No hay pruebas de envío.
No hay facultad legal para hacerlo.
No hay sustento para responsabilizar a la alcaldesa.

Cuando una acusación mezcla con ligereza violencia, autoridad y territorio sin comprobar nada, no informa: desinforma. Y hacerlo en contextos sensibles, como celebraciones públicas, solo agrava el daño.

La responsabilidad pública exige precisión.
La verdad exige pruebas.

Sin una ni otra, lo que queda no es denuncia. Es ruido.