La mentira repetida para fabricar corrupción

La acusación se ha repetido una y otra vez con la misma fórmula: un número grande, una palabra técnica y una conclusión adelantada. Se afirma que la alcaldía Cuauhtémoc entregó 97 millones de pesos a empresas “relacionadas”, que hubo simulación de concursos y que eso violaría el artículo 51 de la Ley de Obras Públicas. El objetivo no es informar, es instalar la idea de corrupción por repetición.

El problema para quienes empujan esa narrativa es que no hay una sola resolución oficial que la respalde. Hasta hoy no existe sanción administrativa, no hay observación de ningún órgano fiscalizador, no hay procedimiento abierto que acredite simulación y no hay resolución alguna que determine una violación a la ley. Ese vacío no es un detalle menor: es el centro del asunto.

Todos los contratos de la alcaldía son públicos y están disponibles en la plataforma de transparencia de la Ciudad de México. No hay contratos ocultos ni convenios fuera del marco legal. Si existiera una irregularidad de ese tamaño, ya habría al menos un dictamen, una observación formal o una investigación con número de expediente. No existe nada de eso.

Se insiste en que “compitieron empresas con el mismo apoderado legal” como si ese solo hecho demostrara una simulación. No lo hace. La ley no prohíbe que empresas con representación similar participen en procedimientos, siempre que cumplan los requisitos, estén registradas y pasen los filtros que establece el propio Gobierno de la Ciudad de México. Y esos filtros no los define la alcaldía de manera discrecional.

Además, cuando se utiliza la figura de invitación restringida, la norma exige la participación de tres proveedores, requisito que se cumplió. Eso no es una trampa ni un montaje; es un procedimiento previsto por la ley. Decir lo contrario es confundir deliberadamente.

También se omite un dato clave: las empresas señaladas no trabajan únicamente con esta alcaldía. Han prestado servicios a otros gobiernos de la ciudad y de otros estados porque cumplen con los requisitos legales y cuentan con experiencia acreditada. Eso no es corrupción; es el funcionamiento normal de un mercado regulado de proveedores.

Alessandra Rojo de la Vega lo ha dicho con claridad: no hay observaciones en el ejercicio correspondiente, no hay contratos con grupos propios, no hay simulaciones y no hay nada escondido. Y no es porque nadie esté mirando, sino porque esta administración ha estado bajo escrutinio permanente.

Por eso la estrategia no es demostrar, sino repetir. Repetir el monto, repetir la palabra “simulación”, repetir el artículo de la ley, repetir el nombre, hasta que la mentira se sienta verdad.

Pero en un Estado de derecho, las acusaciones no se prueban con audios ni con titulares. Se prueban con expedientes, dictámenes y resoluciones. Y aquí no existen.

Mientras no haya una sola autoridad que determine irregularidades, lo que se presenta como escándalo no es una investigación. Es una narrativa política diseñada para sabotear, no para transparentar.

Y cuando una acusación necesita repetirse tanto, no es porque sea sólida.
Es porque no tiene pruebas.