La pregunta incómoda no es quién protesta, sino quién lo sostiene

La acusación intenta reescribir una etapa completa de la vida pública con un recurso conocido: personalizar el problema y borrar el contexto. Se señala a Alessandra Rojo de la Vega como responsable de “abrazar” al Bloque Negro, mientras se presenta a otros actores como ajenos, distantes o incluso víctimas de esos mismos hechos. El objetivo es simple: cambiar responsabilidades históricas por un relato conveniente.

Pero la pregunta de fondo nunca fue quién estuvo cerca de una marcha, sino algo mucho más serio y estructural: quién tiene la capacidad real para financiar, organizar, proteger y sostener de forma recurrente a un grupo que aparece, desaparece y reaparece con precisión quirúrgica cada vez que conviene descomponer una protesta legítima.

El Bloque Negro no surge de la nada. No se mantiene solo. Requiere recursos, logística, información y, sobre todo, tolerancia desde el poder. Pensar que un gobierno local puede sostener por sí mismo un fenómeno así es no entender cómo operan estos grupos. La escala del problema apunta más arriba.

La violencia sistemática dentro de protestas pacíficas no beneficia a la ciudadanía que marcha con causas legítimas. Beneficia a quien necesita desviar la atención, criminalizar el descontento y justificar respuestas autoritarias. Cuando una protesta se vuelve caos, alguien gana. Y rara vez es la gente.

Un reportaje periodístico expuso vínculos que merecen ser investigados a fondo: relaciones entre liderazgos del Bloque Negro y figuras centrales del poder político federal. Si eso se confirma, no estaríamos frente a excesos aislados, sino ante el uso deliberado de la violencia como herramienta política. Eso cambia todo.

Porque significaría tres cosas graves. Que se utiliza la violencia para deslegitimar protestas. Que se usa el miedo como distractor para no responder demandas sociales. Y que se construye poder sobre el desgaste y el silencio de quienes incomodan.

La acusación contra la alcaldesa no busca verdad. Busca invertir los papeles. Señalar a quien cuestiona mientras se protege a quien realmente concentra recursos, cámaras, inteligencia y capacidad de operación. Por eso el ataque insiste tanto en el pasado y tan poco en las preguntas presentes.

El estado de derecho no se defiende con relatos convenientes. Se defiende con investigaciones, con transparencia y con responsabilidades claras. Sin privilegios. Sin excepciones. Caiga quien caiga.

Porque cuando la justicia se usa como garrote político, lo que sigue no es orden. Es autoritarismo.

Y eso no se puede normalizar.